El Observatorio de la Universidad Colombiana




U. de Medellín mintió y favoreció irregular titulación de senador Bedoya

Nov 25/20 Así lo confirma un análisis interno que realizó una comisión de Consiliarios de la propia IES, lo que podría causar graves afectaciones a la Universidad.

Así lo reveló la emisora W Radio quien conoció en primicia el documento elaborado por la “Comisión Tercera de Asuntos Disciplinarios, Estatutarios y de Régimen Interno” de la Universidad de Medellín sobre las circunstancias en las que el senador Julián Bedoya obtuvo su título en derecho, en 2019.

De confirmarse que la Universidad mintió a las autoridades al no suministrarles la debida información, que favoreció una graduación irregular, como abogado, del senador antioqueño Julián Bedoya y violó las propias normas internas, no sólo afectaría el buen nombre de institución que forma abogados, sino que también podría agravar las investigaciones, someterse a una posible sanción de parte del Ministerio, lo que le afectaría su intento de reacreditarse institucionalmente por algunos años, sin contar lo que pueda llegar a pasar, penalmente, con los directivo simplicados y el propio Bedoya.

Vale recordar que la presión social, interna y mediática de estos hechos, llevaron a la renuncia del anterior rector, Néstor Hincapié, a comienzos de año (foto con el senador Bedoya).

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El siguiente es el informe de W Radio:

El escrito de 57 páginas concluye que “la mayoría de los procedimientos administrativos fueron, por decir lo menos, manipulados, irregulares y que los exámenes de suficiencia, los preparatorios y el trabajo de grado, no se ajustaron a lo dispuesto por el reglamento académico del claustro que rige a la Facultad de Derecho”.

Además, deja en evidencia por lo menos seis presuntas irregularidades identificadas, en un periodo de cinco años que habrían favorecido al senador para graduarse de la universidad.

Los consiliarios cuestionan las dos últimas solicitudes de reingreso, su conclusión es que en ambos procesos hubo irregularidades administrativas, por ejemplo, en el periodo 2018 – 2 en el que el consejo de la facultad de derecho fue el que debió definir la entrada de Bedoya, después de nueve años, a la universidad.

Según los investigadores del caso, esa decisión la tomó quien no contaba con las facultades para ello “al parecer, la impartió el subsecretario (Juan Felipe Hernández) alegando facultades que nunca le fueron concedidas y asumiendo de facto, o “motu proprio”, competencia que no le correspondía, ello en clara vía de hecho”, señala el documento, en el que además advierten que, esto invalidaría ese reingreso y todas las acciones que el senador emprendió para graduarse.

Los consiliarios cuestionan que el reingreso de 2018 de Bedoya se haya “aprobado” 21 días antes de que el senador radicara la petición en la universidad y que además las directivas del plantel no le hayan enviado la documentación completa a los entes de control y al Ministerio de Educación, sobre este particular.

“Es curioso observar como en las respuestas que le envió la Universidad de Medellín a entidades como el Ministerio de Educación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, no se anexó de forma completa la documentación, al punto de que solo se remitió una de las respuestas”, esto al referirse a la inconsistencia que encontraron en las cartas de aprobación de reingreso de Bedoya en 2018.

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En el texto también se hace referencia a los exámenes de suficiencia y preparatorios que presentó Julián Bedoya en 2018 y 2019 para aprobar las materias que le hacían falta.

Los investigadores establecieron que se violó el reglamento al permitirle al senador que presentara tres exámenes preparatorios en un mismo día y por ello, concluyen que “durante esas pruebas se violaron de manera directa (vías de hecho), distintas normas de carácter académico, lo que, en nuestro concepto, acarrea la nulidad de la gran mayoría de dichos exámenes de suficiencia y aun de los preparatorios”.

Por lo menos en nueve de las 11 suficiencias que Bedoya presentó, no se cumplieron los requisitos y en concepto de la comisión, debieron ser anulados, en su mayoría porque los docentes no eran los que dictaban esas materias, lo que también violó el reglamento de la universidad.

En lo que tiene que ver con el trabajo de grado, advierten los integrantes de la comisión disciplinaria, que no es cierto que el senador Julián Bedoya haya participado en el desarrollo del libro del docente John Mario Ferrer.

Esta afirmación la sustenta en que “el profesor John Mario Ferrer Murillo, en el 2015, materializó un libro que tituló “Sistemas Jurídicos” y que el 3 de febrero del 2017, la doctora Romy Alexandra López evaluó el texto y recomendó su publicación y que en diciembre del 2017 se hicieron pruebas diagramadas e impresas, al punto de que el 12 de diciembre el libro contaba con ISBN en Papel y electrónico y adicionalmente que en septiembre del 2018 se realizaron las pruebas definitivas, se acordó el tiraje o la impresión del libro” y agregan que para octubre de 2018, fecha en la que reingresó Bedoya, poco o nada podía aportarle a ese trabajo tal y como se quiso justificar.

Los consiliarios llaman la atención sobre que, las directivas de la Universidad, “hubieren permitido que a todos los entes de control estatal se les impartieran unas respuestas contrarias a la verdad, en las que se les informó que la administración del claustro actuó según facultades conferidas por el Consejo Académico, a sabiendas de que esa facultades nunca le fueron conferidas a esa comisión por el Consejo Académico y mucho menos al exsubsecretario”, hecho que les parece preocupante porque, advierten que “los órganos de control y aun la Corte podrían llegar a pensar que fueron engañados y de mala fe, por el subsecretario general de la época (Juan Felipe Hernández)”.

Este documento, que además deja muy mal paradas a las antiguas directivas de la Universidad de Medellín fue votado el pasado 3 noviembre.

El presidente de la Comisión Tercera de la Consiliatura, José León Jaramillo explicó que el informe administrativo pasará a revisión, por las objeciones que hizo uno de los integrantes de la comisión, y se espera que sea debatido en la reunión plenaria de la Consiliatura el próximo siete de diciembre.

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