Oct 28/26 El sector se prepara para diseñar sus propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, y para ello vale la pena tener como referente qué prometió y qué se cumplió, o no, del que orientó el gobierno de Gustavo Petro.
El balance del gobierno de Gustavo Petro en educación superior exige comparar tres cosas diferentes: lo que prometió durante su campaña y en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), lo que efectivamente quedó aprobado en la Ley 2294 de 2023 denominado “Colombia potencia mundial de la vida” y lo que hay hoy y heredó el gobierno de Abelardo de La Espriella, que se prepara para escribir su propio Plan Nacional de Desarrollo.
La primera conclusión es que no sería correcto afirmar que el gobierno Petro no hizo nada, pero tampoco que cumplió integralmente su agenda de transformación de la educación superior. Hay resultados verificables en ampliación del acceso, gratuidad, financiación de las instituciones públicas y preparación de proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, algunas de las promesas más visibles —como construir más de 50 universidades, consolidar una reforma estructural del sistema y resolver de manera sostenible la financiación de las instituciones— requieren examinar cuánto se materializó, cuánto se encuentra en ejecución y cuánto depende de decisiones futuras.
Si se quiere ver en resultados tangibles, se podría decir que se cumplieron debidamente 5 metas, 4 de forma parcial y hay 8 en las que no hay hechos públicos, anuncios ni resultados verificables.
Las metas y los resultados no son lo mismo
El PND 2022-2026, planteó ampliar el acceso a la educación superior, fortalecer la universidad pública, avanzar hacia la gratuidad, aumentar la presencia territorial y reformar componentes del sistema. Su ejecución debe leerse a la luz de las metas originales, no solamente de los anuncios posteriores del Gobierno.
Acceso y matrícula · cifras oficiales reportadas para 2025 y 2026: Cobertura de 61,75 %, frente a una propuesta del 62 % para 2026.
Esto muestra una expansión real del acceso, pero requieren tres precisiones:
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Cobertura: alcanzar el 61,75 % acercaría al país a la meta del 62 %, pero no demuestra por sí solo que se haya resuelto el déficit histórico de acceso ni las brechas entre regiones.
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Matrícula: incorporar nuevos estudiantes es un resultado de acceso; para evaluar el éxito de la política también se necesitan datos comparables de permanencia, deserción, graduación y calidad.
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Gratuidad: el número de beneficiarios y los recursos invertidos demuestran implementación de la política, pero no bastan para concluir que se alcanzó la universalización prometida o que se garantizó sostenibilidad financiera a largo plazo.
La comparación también debe distinguir entre los informes de gestión del propio Gobierno y las evaluaciones independientes. El MEN reportó avances en cobertura, infraestructura y financiación. Por su parte, el Consejo Nacional de Planeación publicó en julio de 2026 su tercer informe de seguimiento, que reportó un avance del 73,22 % para el sector educación según datos del DNP y advirtió sobre desafíos persistentes en la ejecución territorial y la calidad. Ese porcentaje abarca el sector educativo y no debe interpretarse como el porcentaje de cumplimiento exclusivo de la educación superior.
Comparación de las 17 novedades que identificó el Observatorio en 2023
Con los solos titulares ya se puede identificar en qué se avanzó y en qué no. Además de la evolución de los hechos, se confrontaron cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los informes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), las cifras del SNIES y el análisis independiente del Consejo Nacional de Planeación (CNP).
Estas fueron 17 las principales apuestas del PND del gobierno Petro, identificadas por El Observatorio de la Universidad Colombiana:
Balance: El MEN reportó 123 intervenciones de infraestructura, distribuidas en 25 departamentos, con proyectos en formulación y ejecución. Pero las intervenciones incluyen distintos tipos de obras y no equivalen a 123 universidades nuevas. Salvo inversiones en IES ya existentes, y algunas IES indígenas, no hay una sola nueva IES heredada del gobierno Petro. Ni siquiera la Universidad del Catatumbo, que es un proyecto de ley archivado.
2. IES públicas recibirán recursos adicionales a su base presupuestal, pero sin que hagan base
Balance: Hubo recursos adicionales, planes de fomento y medidas para fortalecer la financiación. Sin embargo, la naturaleza extraordinaria de algunos recursos no resolvía por sí sola el problema estructural de las transferencias. Aunque se afirmó que no harían base, con la Ley 2568 de 2026, que reformó los artículos 86 y 87 sí se constituyeron en base presupuestal.
3. Se acaba Generación E y se busca que la gratuidad educativa sea progresiva, hasta que sea universal
Balance: Se implementó Puedo Estudiar, con cobertura en 67 IES públicas, pero la gratuidad legalmente es progresiva y busca la universalidad; no equivale a gratuidad universal efectiva para toda la población. Se llegó a cerca de un millón de beneficiarios .La gran deuda es que no beneficia a los estudiantes de las IES privadas.
4. Se acepta un mecanismo para financiar al Icetex, contrario al espíritu del discurso presidencial
Balance: El PND incorporó instrumentos financieros para la entidad. La Ley 2294 incorporó instrumentos de financiación. La existencia de mecanismos legales no demuestra que se haya resuelto integralmente su financiación ni el acceso al crédito. Por el contrario, la entidad perdió recursos y cientos de miles de usuarios se vieron afectados en sus créditos.
5. Se actualiza el Sistema Nacional de Cualificaciones definido en el PND 2018-2022
Balance: El Gobierno continuó desarrollando políticas de cualificación y articulación de trayectorias educativas y laborales. Para calificar el cumplimiento deben verificarse los productos e indicadores específicos de implementación. La verdad es que esté tema sigue caminando a paso de tortuga, desde los gobiernos anteriores.
6. Se pide modificar marco jurídico de la UFPS Ocaña
Balance: No hay información pública al respecto.
7. Reforma a Ley 30 debe incluir a toda la comunidad y priorizar artículos 86 y 87
Balance: La Ley 2568 del 19 de febrero de 2026 modificó esos artículos. La reforma integral de la Ley 30 seguía presentada como una iniciativa distinta en septiembre de 2026. Reiteradamente se habló de reformarla, pero no se dio. Incluso, con la exministra Aurora Vergara se tramitó una Ley Estatutaria de Educación, que se hundió.
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¿Continuidad?
El cambio de administración no elimina los compromisos aprobados en el PND ni las obligaciones derivadas de las leyes vigentes. La siguiente administración debe determinar cuáles requieren continuidad, cuáles deben reformularse y cuáles necesitan evaluación de impacto.
Las prioridades más relevantes son:
– Publicar un balance final por compromiso del PND. Cada artículo debe tener una meta original, indicador, presupuesto, ejecución, resultado y explicación de los pendientes.
– Consolidar el nuevo modelo de financiación pública. Establecer proyecciones plurianuales, necesidades por institución y mecanismos de seguimiento al efecto de la Ley 2568 de 2026.
– Evaluar gratuidad y permanencia como una sola política de acceso efectivo. La ampliación de cupos debe acompañarse de información sobre deserción, graduación y brechas territoriales.
– Cerrar la brecha entre infraestructura anunciada e infraestructura en servicio. Publicar un inventario de obras terminadas, pendientes, costos y estudiantes atendidos.
– Evaluar los programas del ICETEX con resultados para los usuarios. Medir beneficiarios, alivios efectivos y sostenibilidad financiera.
– Definir la continuidad de la reforma integral. Distinguir las disposiciones ya aprobadas de las propuestas que todavía necesitan trámite legislativo o reglamentación.
– Incorporar a las IES privadas en una evaluación de sistema. El avance de la educación superior no se puede medir únicamente con la expansión del sector público; debe examinarse también la sostenibilidad, calidad, cobertura y contribución de las instituciones privadas.